¿EL MALDITO EJERCITO DE DUHALDE?
Narconurbano verde
La propuesta del ex senador Duhalde de militarizar la
seguridad expondría a las Fuerzas Armadas a un peligroso
proceso de descomposición. Las andanzas del general Quindimil
y el sargento Gorosito en el narconurbano bonaerense son lo
último que necesitan instituciones que aún pugnan por
despertar de la pesadilla de la Doctrina de la Seguridad
Nacional. Después de engendrar a la maldita policía, el
duhaldismo va por las Fuerzas Armadas, con la misma
irresponsabilidad del justicialismo de 1975.
Por Horacio Verbitsky
La insistencia del ex senador Eduardo Duhalde en reclamar la
reasignación de tareas policiales a las Fuerzas Armadas
proviene del Comando Sur de los Estados Unidos y del
presidente colombiano Alvaro Uribe. El ex ministro bonaerense
de justicia, Jorge Casanovas, reclamó que se modificaran las
leyes para permitir el cambio de roles, lo cual indica la
diversificación de frentes de la maniobra duhaldista, de
ostensible intencionalidad política. El jueves, mientras
aguardaban la iniciación del acto en el astillero Río
Santiago, donde se reparará la Fragata Libertad, media docena
de almirantes se reunieron en un camarote con el ministro de
Defensa José Pampuro y le expresaron que no querían ser
involucrados en tareas que los aparten de su misión. Al salir,
Pampuro reiteró que el gobierno no promovería la enmienda de
las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de
inteligencia nacional, sancionadas como expresión de acuerdos
básicos entre las principales fuerzas políticas del país en
1988, 1992 y 2001. Pampuro encomió la profesionalización
militar, en la defensa nacional y las misiones de
mantenimiento de la paz o estabilización, bajo mandato de las
Naciones Unidas. Pero, a diferencia de la semana anterior,
evitó una polémica directa con Duhalde. Según fuentes del
ministerio de Defensa, el presidente Néstor Kirchner le había
pedido que eludiera una discusión con el ex senador.
Kirchner no desea facilitar la provocación evidente en esas
intervenciones, en un momento en que hay personas privadas de
su libertad y una sensibilidad social muy exacerbada con el
tema. También prefiere no tensar la relación con Estados
Unidos en pleno cierre de la negociación con los tenedores de
títulos de la deuda pública en mora. Sin aprobación
presidencial no existe la menor posibilidad de descuajeringar
el marco normativo que en las últimas décadas ha ido
solidificando el piso para la profesión militar, donde antes
había la ciénaga de la dictadura y el terrorismo de Estado. En
esas condiciones, carece de utilidad para el gobierno la
polémica que Duhalde quiere provocar, con la ilusión de
erigirse en el garante y referente de todas las derechas,
dentro y fuera del peronismo. Duhalde aprendió esa estrategia
de Carlos Menem. Pero, a diferencia del ex presidente, que no
tenía complejos de inferioridad y convocaba a personalidades
representativas de esas tendencias, como los Alsogaray, Oscar
Camilión, Julio Oyhanarte o Domingo Cavallo, Duhalde se
desplaza con una runfla de asesores de tal mediocridad que el
rol del intelectual lo desempeña Eduardo Amadeo. El bajo
perfil de la respuesta gubernativa ante esta armada
brancaleone es una demostración de fuerza.
Mar afuera
Ante una pregunta para este artículo, el Jefe de Estado Mayor
de la Armada, almirante Jorge Godoy, recordó la discriminación
legal entre defensa nacional y seguridad interior y dijo que
los marinos quieren dedicar todos sus esfuerzos a la custodia
de la soberanía y la preservación del patrimonio nacional en
el mar. Como la Argentina es un país insular, con extensos
litorales y una de las plataformas continentales más extensas
del mundo, “con eso tenemos mucho para hacer. Mi ambición es
que la Armada pase 365 días por año en el mar”. Godoy agregó
que la actuación naval en casos de secuestros no le parecía
viable porque tampoco sus organismos de inteligencia están
preparados para ocuparse de esas cuestiones. “Las Fuerzas
Armadas son letales, no pueden emplearse en un contexto
civil”. Para Godoy, quien no mencionó a Duhalde, el empleo de
las Fuerzas Armadas para combatir el delito común en el
conurbano es una idea “más efectista que efectiva”.
La misma posición se ha generalizado en el Ejército. Su Jefe
de Estado Mayor, teniente general Roberto Bendini, reiteró que
la legislación vigente no permite la actuación militar en la
seguridad interior.
–Desde un punto de vista técnico ¿el Ejército estaría en
condiciones de actuar contra el delito?
–No. El Ejército no tiene capacidad para eso. La actuación
contra el delito exige una preparación, un equipamiento y un
despliegue territorial distintos.
–¿Y posee recursos ociosos para eso?
–Los pocos recursos ociosos que tenemos tratamos de
utilizarlos. Por ejemplo, estamos firmando convenios con
algunos municipios para perforar pozos en busca de agua y
pusimos en venta algunos predios que no usamos. Pero no
tenemos ni personal ni elementos disponibles para una función
distinta a la defensa nacional contra eventuales agresiones
externas –respondió ante las preguntas para este artículo.
La pretensión de Duhalde ni siquiera despierta entusiasmo
entre quienes fueron sus colaboradores más próximos en este
campo. El ex secretario de Seguridad y ex ministro de justicia
de su administración interina, el actual diputado Juan José
Alvarez, respondió a una pregunta para esta nota: “La
intervención militar en estos temas es ilegal, innecesaria y
peligrosa. Está contemplada en las leyes como un recurso
excepcional, que no puede naturalizarse sin graves riesgos”.
Alvarez descartó que las leyes vigentes pudieran ser
modificadas por el Congreso.
¿Lula o Uribe?
Duhalde atribuyó la preocupación por el tema al presidente
brasileño quien, dijo, convocaría a una reunión de presidentes
para tratarla. Si se presumiera la buena fe de sus palabras,
podría conjeturarse que el hombre fuerte de Lomas de Zamora
confunde seguridad regional con seguridad interior. El
embajador argentino en Brasil Juan Pablo Lohle se sorprendió
al enterarse por este diario de los términos de la discusión
planteada por Duhalde. “No conozco lo que Duhalde haya hablado
con Lula ni puedo opinar sobre sus recientes declaraciones en
Buenos Aires, pero sí puedo asegurar que éste no es un tema
instalado públicamente en Brasil ni una preocupación del
Gobierno.” Lohlé respondió a la consulta desde San Pablo, que
es la ciudad donde se produce el mayor número de secuestros
extorsivos. “El Ejército brasileño no tiene ninguna
intervención en esta materia ni quiere tenerla. Su objetivo
estratégico es el control territorial y de fronteras”, dijo
Lohlé.
No es necesario interrogar al embajador argentino para saber
que la preocupación de Brasil es el eventual derrame del
conflicto colombiano sobre su territorio y esto incluye a las
FARC pero también y principalmente a la creciente intervención
estadounidense allí, al sembrado de bases en toda Sudamérica y
al reclamo de Washington para la participación de los países
vecinos de Colombia. En los últimos meses, Brasil ha reforzado
la Triple Frontera, pero con fuerzas policiales, no militares.
Por el contrario, retiró tropas del Ejército de la frontera
argentina y las desplazó hacia el límite con Colombia. Una
calificada fuente de la Cancillería, que habló bajo condición
de anonimato, dijo que la iniciativa militarista no surgió de
Lula sino de Alvaro Uribe, cuya situación no puede proyectarse
en forma mecánica al resto de la región. “Luego de reunirse
con Uribe, Duhalde se convirtió en operador del presidente
colombiano, cuya posición defendió ante Lula y ante el
presidente chileno Ricardo Lagos”, dijo el diplomático
argentino.
Sudamérica o Mercosur
La futura Unión Sudamericana, que Duhalde anunció como una
triunfal iniciativa propia, corresponde en realidad a
Itamarati. En octubre del año pasado, cuando Duhalde aún no se
había hecho cargo de sus funciones mercosureñas, Lula y
Kirchner contestaron a una pregunta que les hice sobre sus
distintas visiones de la integración. Durante la única
entrevista conjunta que concedieron, los dos explicaron las
diferencias luego de negar que existieran. “Lula habla de
América del Sur y Kirchner de América latina. ¿Qué expresa esa
diferencia?” –fue la pregunta. Lula respondió que al asumir la
presidencia percibió que Brasil tenía fronteras con todos los
países de América del Sur, salvo Ecuador y Chile. “Por lo
tanto América del Sur es mi casa, nuestro terreno. América
Latina, México, América Central, ya tienen otros intereses”,
dijo, en alusión a la influencia estadounidense. Una vez
integrada, América del Sur podría ser un polo de atracción
para América Central y México, agregó. Kirchner no lo
contradijo, pero enfatizó la necesidad de consolidar el
Mercosur. Un año después la retórica de manual escolar de
Duhalde no alcanza a disimular que la razonable estrategia
política de Brasil está prevaleciendo. En forma simétrica
crecieron las dificultades en el Mercosur, desde que la
Argentina planteó la imprescindible integración productiva.
¿Todo el año es carnaval?
En febrero de este año y como una medida excepcional, tropas
del Ejército brasileño tomaron posiciones en Río de Janeiro
durante el carnaval. En abril, el gobierno federal y el de Río
de Janeiro se trabaron en una estridente polémica por el tema,
cuando enfrentamientos entre comerciantes de narcóticos
regaron las calles de las villas Vidigal y Rocinha con la
sangre de una docena de muertos. Se analizó entonces un nuevo
envío de efectivos del Ejército a Río, pero no hubo acuerdo ni
acerca de su necesidad ni sobre quién debería conducirlos. Río
de Janeiro, gobernada por el opositor PMDB, exigió que las
tropas del Ejército se subordinaran a la secretaría estadual
de seguridad y los ministros federales de justicia y de
defensa querían mantenerlas bajo su control. Esto sugiere
algunos de los problemas que se suscitarían en la Argentina si
la propuesta de Duhalde se tomara en serio. Las órdenes ¿las
daría el comandante de la brigada de Infantería X, subordinado
a Pampuro y Kirchner, o el intendente de Presidente Perón,
Aníbal Regueiro, de obediencia duhaldista? La mera idea de
contingentes militares familiarizándose con la lógica y los
códigos del conurbano bonaerense produce escalofríos. Es
asombrosa la ligereza con que Duhalde plantea estas
cuestiones, como si no tuviera responsabilidad alguna en la
polarización social que subyace a la crisis de inseguridad y
la descomposición de la mayor fuerza de seguridad del país, en
un distrito en el que un millón de jóvenes no trabajan ni
estudian. Con ocho años al frente de la provincia de Buenos
Aires en forma directa y cinco por medio de sus paniaguados
Carlos Rückauf y Felipe Solá, Duhalde presidió la degeneración
de la fuerza de seguridad provincial en la estigmatizada
maldita policía, partícipe en las más lucrativas actividades
criminales en asociación con sectores políticos. Es obvio que
con un goteo de 600 gendarmes es imposible teñir el océano de
los déficit de funcionamiento de una policía de 50 mil
hombres. Por el contrario, el empleo permanente de las fuerzas
de seguridad federales en tareas policiales contra el delito
común las está pervirtiendo. Un preocupado jefe de la
Prefectura Naval, quien pidió no ser identificado, dijo que
desde que comenzaron a efectuar patrullajes, controles y
operativos en el conurbano bonaerense, se han labrado en ese
territorio más sumarios a su propio personal por actos de
corrupción e indisciplina que en todo el resto del país.
Se comprende sin dificultad, dado que el personal proviene de
los mismos sectores de la sociedad, tiene remuneraciones
similares y actúa en el mismo territorio, donde la desigualdad
y la falta de oportunidades conspiran contra el respeto a la
ley y la conducta virtuosa. Como si esto no fuera suficiente,
Duhalde avanza ahora sobre las Fuerzas Armadas, con un
proyecto que abriría la puerta a una politización del
instrumento militar de la Nación de consecuencias difíciles de
predecir pero en cualquier caso negativas respecto de su
profesionalización. “La idea de subir un escalón, recurriendo
a las Fuerzas Armadas no puede ser más errónea”, dice Alvarez,
quien, paradójicamente, fue distinguido con su confianza por
Duhalde y vapuleado por Kirchner. “Con estos temas no se puede
jugar”, dice.
South of the border
El libreto que le acercó a Duhalde su ex ministro de
inteligencia Miguel Angel Toma adolece de una grosera
inadecuación a las circunstancias argentinas. Toma trató de
imponerlo en 2001, en combinación con el ministro de Defensa
de la Alianza, Horacio Jaunarena, cuando el Congreso trató la
ley de inteligencia nacional, pero quedó aislado en su propio
partido y debió retroceder. Ese esquema fue elaborado por el
Comando Sur de los Estados Unidos, con sede en Miami. Su
actual jefe, el general texano James T. Hill, ha realizado 82
viajes en dos años a distintos países de la región reclamando
la asignación de roles en la seguridad interior a los
militares. El discurso que Hill repite en esas visitas y ante
auditorios estadounidenses interesados en América Latina es
que se trata de la región más violenta del mundo, pero omite
que también es la más desigual. “En la última década, la tasa
de homicidios creció 380 por ciento en Perú, 330 por ciento en
Colombia y 300 por ciento en la Argentina”, dice. En las
audiencias sostenidas en abril en ambas cámaras del Congreso
de los Estados Unidos, Hill describió un enemigo multiforme
que se expresa en el terrorismo internacional, el tráfico de
estupefacientes, la criminalidad urbana y el “populismo
radical”. De allí proviene la extravagante y paranoide
asociación entre secuestros extorsivos y terrorismo que
formuló Duhalde.
Hasta 2003, esas lecturas sesgadas de la realidad eran
repetidas aquí por la cúpula militar de los generales Ricardo
Brinzoni y Daniel Reimundes quienes, con toda coherencia,
procuraban además el cierre de las investigaciones por la
pasada guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Esa
politización castrense fue la causa del tirón de alfombra que
pegó Kirchner en su primera semana de gobierno, que fue
también la primera de desacuerdo con Duhalde, quien acababa de
indultar a Mohamed Seineldín y Enrique Gorriarán y gestionaba
ante la Corte Suprema la convalidación de las leyes
alfonsinistas y menemistas de impunidad.
En sus constantes intervenciones, el general Hill sostiene que
los países no pueden pagar Fuerzas Armadas y de seguridad de
gran tamaño, por lo que deben elegir. A su juicio, dado que ya
no hay en la región ningún conflicto que enfrente a naciones,
sería racional reconvertir a una parte de las numerosas
Fuerzas Armadas y sumarla a las escasas fuerzas de seguridad.
Aparte de la dificultad básica de compatibilizar dos culturas
tan distintas (una cosa es hacer la guerra contra un enemigo
al que se procura destruir y otra muy distinta hacer cumplir
las leyes a los conciudadanos que se apartan de ella con el
mímino imprescindible de fuerza), el razonamiento de Hill es
contradictorio con los hechos de la realidad argentina, como
se observa en los dos cuadros de esta página. Desde que
concluyó la dictadura las Fuerzas Armadas han perdido
significación relativa. Sin considerar a las agencias
privadas, hay en el país 265.000 hombres en armas, pero solo
uno de cada cuatro es militar. Entre 1983 y 2004 el gasto en
Defensa se redujo a la mitad medido en su porcentaje sobre el
gasto total de la Administración Pública Nacional y a un
tercio en relación con el Producto Interno Bruto.
Gasto en Defensa
Argentina, de la dictadura
a la democracia
Año Defensa/APN Defensa/PIB
1983 13,8% 3,1%
2004 7,52% 1,08%
Elaboración propia, con datos
de los ministerios de Defensa
y de Economía.
Hombres en armas,
Argentina 2004
Total FF.AA. y
de Seguridad 265.000
Policías provinciales
(salvo Buenos Aires) 80.000
Fuerzas Armadas 70.000
Policía Bonaerense 50.000
Policía Federal 35.000
Gendarmería 17.000
Prefectura Naval 13.000
Elaboración propia, con datos de los
ministerios de Defensa y de Interior.
El enemigo interno
Una coalición de organismos no gubernamentales de Estados
Unidos (Latin America Working Group Education Fund, Center for
International Policy y Washington Office on Latin America,
WOLA) difundió el informe “Borroneando las diferencias”, en el
que afirma que los nuevos programas de entrenamiento militar y
lucha antinarcóticos se parecen demasiado a los de la vieja
contrainsurgencia. Los Estados Unidos “promueven la confusión
de los roles militares y civiles, en especial la creación de
nuevas misiones militares dentro de las fronteras de cada
país”. Según los autores ésta no es una cuestión académica,
sino que va “al corazón de la democracia”, ya que hacer “que
los militares combatan el delito común o desempeñen otros
roles que corresponden a los civiles implica el riesgo de
politizar a las Fuerzas Armadas. Esto, a su vez, lleva a las
Fuerzas Armadas a usar, o amenazar con el uso, de su monopolio
armado, cada vez que disienten con el consenso civil”. (Las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos han comenzado a dictar
cursos a policías latinoamericanos en el Center for Hemisferic
Defense Studies. Ese organismo, creado en 1996 por la
Conferencia de ministros que sesionó en Bariloche, se proponía
formar civiles en cuestiones de Defensa. Estaba dirigido por
una mujer, civil y economista. Pero en marzo de este año, fue
sustituida por un coronel del Ejército estadounidense, que
hasta entonces había dirigido la ex Escuela de las Américas,
ahora denominada con refinado gatopardismo Instituto para la
Cooperación de Seguridad en el Hemisferio Occidental.)
Añade el estudio de las ONG que cada vez que los ejércitos de
América Latina, se han dedicado a un enemigo interno, su
definición incluyó a sectores disidentes “que actúan dentro
del sistema político, tal como activistas, periodistas
independientes, organizadores sindicales o líderes políticos
opositores”. Sus autores señalan con alarma que el Comando Sur
y el Pentágono han incluido entre las nuevas amenazas al
delito urbano y “el populismo radicalizado” y su insistencia
en esos asuntos sugiere que creen que ellos mismos y sus
colegas uniformados en el continente “tienen un rol para
contrarrestarlos”. Añaden que “en vez de alentar la asunción
militar de roles policiales, los Estados Unidos deberían
alentar la reforma policial y el fortalecimiento de las
instituciones civiles, para que puedan enfrentar los desafíos
a su seguridad interior”.
Los defensores de los militares y policías acusados por los
crímenes del Estado Terrorista invocan en su defensa los
discursos parlamentarios y declaraciones públicas de
dirigentes políticos justicialistas y de la UCR que incitaban
a las Fuerzas Armadas a matar a los insurgentes “como a ratas
porque no merecen vivir en este suelo”, propugnaban “su más
completo exterminio” o calificaban una huelga obrera como
“guerrilla industrial”. También se amparan en los decretos
presidenciales de aniquilamiento (firmados en 1975 por Rückauf
y Antonio Cafiero, entre otros). Es una pobre defensa para las
responsabilidades individuales de quienes secuestraron,
torturaron y ejecutaron en forma clandestina a personas
indefensas, ya sea que antes de su captura hubieran empuñado
armas o no. Pero constituye un ineludible llamado de atención
acerca de las complicidades que hicieron posible aquella
barbarie y que se repiten hoy en el discurso irresponsable de
los Duhalde, Casanova, Toma o Rückauf.Voces
- Almirante Jorge Godoy: “Las Fuerzas Armadas son letales, no
pueden empeñarse en un contexto civil”. La idea de emplearlas
para combatir el delito común en el conurbano es “más
efectista que efectiva”.
- Teniente general Roberto Bendini: “La actuación contra el
delito exige una preparación, un equipamiento y un despliegue
territorial distintos, que el Ejército no tiene. Carecemos de
personal y de elementos disponibles para una función distinta
a la defensa nacional contra eventuales agresiones externas”.
- Juan José Alvarez: “La intervención militar en estos temas
es ilegal, innecesaria y peligrosa. Está contemplada en las
leyes como un recurso excepcional, que no puede naturalizarse
sin graves riesgos”.
- Embajador Juan Pablo Lohlé: “Este no es un tema instalado
públicamente en Brasil ni una preocupación del gobierno de
Lula. El Ejército brasileño no tiene ninguna intervención en
esta materia ni quiere tenerla. Su objetivo estratégico es el
control territorial y de fronteras”.
- Una fuente de la Cancillería: La iniciativa militarista no
surgió de Lula sino del presidente colombiano. “Luego de
reunirse con él, Duhalde se convirtió en operador de Uribe,
cuya posición defendió ante Lula y ante el presidente chileno
Ricardo Lagos.”
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